Comité de la ONU revisa los derechos del niño en República Dominicana
Adolescencia y sexualidad Misexologo
8 de Sep, 2023 . La prohibición total del aborto en la República Dominicana, vigente desde 1884, amenaza la salud y la vida de niñas, mujeres y personas embarazadas, y es incompatible con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Las dañinas consecuencias de la prohibición del aborto en la República Dominicana han sido documentadas a través de entrevistas con docenas de mujeres y niñas que enfrentaron embarazos no deseados y recurrieron a métodos de aborto inseguros, a menudo con gran riesgo para su salud y sus vidas.[4] La prohibición del aborto en el país ha contribuido a complicaciones de salud y muertes maternas evitables y ha perjudicado desproporcionadamente a mujeres y niñas de zonas rurales y de bajos ingresos, que tienen menos probabilidades de acceder a métodos de aborto más seguros o viajar a otro país donde el aborto sea legal. [5]
A nivel mundial, el aborto inseguro contribuye a muertes maternas evitables. En 2020, la tasa de mortalidad materna en República Dominicana se situó en 107 por 100.000 nacidos vivos, superando la de la región latinoamericana, que fue de 88 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos.[6]
En entrevistas realizadas por organizaciones no gubernamentales, niñas y mujeres en edad reproductiva que habían tenido embarazos no planificados o no deseados citaron una variedad de razones para tales embarazos, incluidas barreras para acceder a métodos anticonceptivos, fallas en los anticonceptivos y violencia sexual.[7]
La República Dominicana ha estado en el proceso de reformar su código penal durante años, siendo el aborto un tema importante de debate. Grupos de derechos de las mujeres han instado a los legisladores a despenalizar el aborto cuando la vida de la niña, mujer o persona embarazada esté en peligro, cuando el embarazo sea resultado de violencia sexual o incesto y cuando el feto tenga complicaciones graves incompatibles con la vida fuera del útero. El presidente Luis Abinader también ha expresado su apoyo a la iniciativa[8].
Pero la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó en junio de 2021 una modificación de último momento del proyecto de Código Penal que no incluía la despenalización del aborto bajo las tres circunstancias limitadas.[9] En febrero de 2023, ese proyecto fue aprobado nuevamente por el Senado.[10] Sin embargo, expiró en julio de 2023, por lo que se debe reintroducir uno nuevo y iniciar el trámite en la Cámara de Diputados para que pueda regresar al Senado.
El embarazo adolescente y la maternidad precoz conllevan importantes riesgos para la salud tanto de la madre como del niño. Las niñas y mujeres jóvenes de 10 a 19 años corren un riesgo elevado de sufrir una serie de afecciones de salud graves asociadas con el embarazo y el parto.[16] Los bebés nacidos de madres adolescentes corren un mayor riesgo de tener bajo peso al nacer, parto prematuro y afecciones neonatales graves.[17]
Según datos de 2019, los adolescentes que viven con ingresos más bajos experimentan desproporcionadamente embarazos en la adolescencia. La tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años en el quintil de ingresos más bajos del país es más de cinco veces mayor que la tasa de fecundidad adolescente del quintil de ingresos más altos.[18]
Se estima que el 44 por ciento de la deserción escolar en la República Dominicana es consecuencia del embarazo adolescente,[19] limitando el desarrollo profesional de las adolescentes y posteriormente su empleo, aumentando la brecha social y continuando el ciclo de pobreza.
A pesar de las protecciones legales que prohíben a las escuelas sancionar o expulsar a estudiantes debido a embarazos adolescentes, investigaciones realizadas por Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales sugieren que las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes en la República Dominicana encuentran barreras a la educación.[20]
En junio de 2023, República Dominicana colideró con Luxemburgo una declaración pronunciada durante el diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la educación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A la que se unieron otros 71 países, la declaración expresó su apoyo a "los esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación, incluido el derecho explícito a una educación secundaria gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita".[21]
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